Ciudad de México.- La aseguradora francesa AXA inició un arbitraje internacional contra el gobierno de México, reclamando violaciones al Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones entre México y Francia.
La empresa, dirigida en el país por Daniel Bandle, afirma en su denuncia que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les exige pagar IVA sobre los pagos por siniestros y compra de seguros, algo que nunca han hecho. Con esto, Hacienda empezaría a cobrarles impuestos que podrían llevarlos a la quiebra, afectando a sus clientes por falta de previsiones de sus directivos.
Desde la llegada de Daniel Bandle como director de AXA en México, los conflictos de la empresa han ido en aumento. Estos incluyen disputas con el gobierno, con proveedores de servicios, médicos y una creciente lista de quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) por quejas sobre pólizas de autos.
Se estima que serían cinco años los que la empresa tendría que desembolsar para cubrir la demanda de la autoridad, lo que significa una recaudación cercana a 200 mil millones de pesos, que ayudarían a aligerar el déficit fiscal del país.
Desde agosto, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que era un asunto “delicado y sensible”, y se buscaba negociar con las empresas para que paguen al fisco sin poner en riesgo su viabilidad financiera, aunque empresas como AXA se confiaron y el pago impuesto los podría llevar a la quiebra.
Axa demanda… para evitar quiebra
Desde la llegada de Daniel Bandle a la dirección en México, los conflictos de la aseguradora se han incrementado
La aseguradora francesa AXA, la empresa más demandada del sector en territorio nacional debido a incumplimientos, engaños a sus clientes y en posible quiebra, inició un arbitraje comercial contra México para reclamar la pretensión del gobierno federal de cobrar IVA sobre los pagos por siniestros y compra de seguros.
La empresa, que dirige en el país Daniel Blande, afirma que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les exige pagar el impuesto sobre el valor agregado, algo que nunca han hecho y, de perder el juicio, la Secretaría de Hacienda empezaría a cobrarles fuertes cantidades que podrían llevarlos a la quiebra, afectando a sus clientes por falta de previsiones de sus directivos.
El IVA que el SAT pretende cobrarles corresponde a todas las operaciones que realizan en territorio nacional y que hasta la fecha nunca han pagado, pues se afirma que a todas las empresas en el país se les solicita este impuesto y que las aseguradoras como AXA no han pagado. Se estima que serían cinco años los que la empresa tendría que desembolsar para cubrir la demanda de las autoridades fiscales.
El cobro del IVA por estos cinco años significa una recaudación de impuestos por cerca de 200 mil millones de pesos, lo que ayudaría a aligerar el déficit fiscal del país, y se busca con ello tener un piso parejo en el cobro del impuesto al valor agregado y que no se beneficie a empresas que tienen graves problemas por denuncias que apuntan a irregularidades en su operación. Todo se ha complicado desde que llegó Daniel Bandle a dirigir la empresa, pues sólo ha generado conflictos con los prestadores de servicios privados de salud, los asegurados y los médicos, y eso ha incrementado las demandas que tienen cerca de la quiebra a la firma en México.
La demanda impuesta por AXA alega violaciones al Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones México-Francia, vigente desde 1998, y fue registrada el 5 de diciembre ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La deducción se aplica sobre el IVA que las aseguradoras retienen a dichos clientes cuando estos pagan sus pólizas, salvo las de seguros de vida, que están exentas.
Este criterio significó una reversión repentina y no autorizada expresamente por el Congreso, de la forma en que las aseguradoras han operado en México desde que la creación del IVA en 1978, y se estima que podría llevar a cobros por más de 175 mil millones de pesos a todo el sector asegurador.
Este monto abarca el cobro retroactivo de cinco años, que es el máximo permitido por ley, pero se refiere al periodo de 2015 a 2019, que fue cuando el SAT cambió el criterio en México.
Desde agosto pasado, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que era un asunto “delicado y sensible”, y que se buscaba negociar con las empresas para que paguen sus adeudos al fisco sin poner en riesgo su viabilidad financiera, aunque empresas como AXA se confiaron y el pago del impuesto los podría llevar a la quiebra en el país, ante otras demandas que pesan en su contra por parte de usuarios de sus servicios.
