Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Contraloría Gubernamental ha inhabilitado hasta el momento a 54 exfuncionarios públicos del sexenio cabecista, informó en rueda de prensa su titular, Norma Angélica Pedraza Melo.
De acuerdo con la funcionaria, 33 de estas inhabilitaciones se aplicaron a exservidores públicos que no presentaron su declaración patrimonial al finalizar su encargo. Además, otros 21, pertenecientes a niveles de primer y segundo mando, fueron sancionados por haber actuado en desapego al marco normativo del servicio público.
En contraste, Pedraza Melo aseguró que hasta el momento no se ha inhabilitado a ningún servidor público de la actual administración estatal, ya que los procesos de investigación siguen en curso en distintas dependencias y entidades.
La titular de la Contraloría explicó que actualmente se han abierto 1,995 Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa (EPRAS) en la presente administración. Sin embargo, aclaró que muchos de estos expedientes derivan de hallazgos reportados por los titulares de dependencias y entidades.
«Donde se promovieron EPRAS resultado de las quejas y denuncias recibidas de la ciudadanía o de las auditorías practicadas por los entes fiscalizadores externos o de las propias auditorías que están en investigación», detalló.
Pedraza Melo subrayó que las investigaciones en curso han permitido descubrir más irregularidades con el paso del tiempo.
«No sólo corresponden a los 60 o 90 días de llegada, uno va encontrando en la revisión diaria más hallazgos e irregularidades que los comisarios y los equipos administrativos dan vista a la Contraloría», indicó.
Las investigaciones han abarcado diversas dependencias estatales, entre ellas Salud, Educación, Finanzas y la Universidad Politécnica de Altamira. Sin embargo, Pedraza Melo destacó que cada caso debe seguir su debido proceso antes de que se dicten sanciones.
«No es que se presente una denuncia y en automático está la sanción, no es así. La autoridad investigadora, sustanciadora y resolutora tiene la gran responsabilidad de cuidar el debido proceso», afirmó.
