Ciudad de México. La Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno federal incluye un trabajo intenso en el interior de penales, reclusorios, cárceles para desactivar a las redes criminales que operan desde su interior.
Fortalecer el sistema de inteligencia penitenciaria, a fin de identificar amenazas que se puedan originar al interior de los Centros Federales de Prevención y Reinserción Social y convertirse en un riesgo para la seguridad nacional.
Crear y consolidar las áreas de inteligencia penitenciaria y criminal encargadas de detectar y desactivar actos planificados o ejecutados dentro de los centros penitenciarios, que conlleven riesgos y amenazas”, dice la Estrategia enviada al Senado, después de dos meses y ocho días de retraso y que el pleno deberá aprobar antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones el 30 de abril.
La Estrategia informa que “la afectación económica a las organizaciones delictivas supera los 300 mil millones de pesos”.
La Defensa y la Semar, en coordinación con la SSPC, la FGR y las Fiscalías de los estados, han realizado diversas operaciones en los estados de Baja California, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala.
Con estas acciones se logró la detención de 14 mil 517 personas por delitos de alto impacto; el aseguramiento de siete mil 375 armas de fuego y 125.8 toneladas de diversas drogas, que incluyen mil 271 kilogramos y más de un millón 640 mil pastillas de fentanilo.
La localización y destrucción de 475 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetamina, así como 631 mil 574 litros y 144 mil 864 kilogramos de sustancias químicas, además de 417 reactores de síntesis orgánica, 200 condensadores y 87 destiladores. La afectación económica a las organizaciones delictivas supera los 300 mil millones de pesos”, detalla.
La Estrategia se apega a los ejes rectores que anunció la Presidenta de la República desde el inicio de su mandato, pero precisa que habrá una atención especial en los reclusorios, cárceles y penales, desde donde se planean delitos.
Dice que por eso habrá una actualización de la normativa para armonizar las atribuciones que corresponden al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS), en tareas de inteligencia e investigación.
Trabajarán en “determinar la estructura orgánica con la que se llevarán a cabo las funciones de inteligencia e investigación y actualizar la reglamentación del OADPRS, conforme al Nuevo Modelo de Operación Penitenciaria Federal.
Incrementar la capacidad humana y tecnológica para el desarrollo de productos de inteligencia penitenciaria, mediante la identificación y gestión de la infraestructura y el equipo tecnológico requerido para la operación óptima de las áreas de inteligencia penitenciaria y criminal; fortalecer la coordinación con instancias de seguridad pública a nivel federal y estatal en materia de inteligencia penitenciaria”.
También en “establecer mecanismos de colaboración para la coordinación de acciones en materia de seguridad nacional, en el ámbito del sistema penitenciario; diseñar protocolos con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para el intercambio de información e implementación de acciones, a fin de prevenir delitos al interior y exterior de los centros penitenciarios”.
Además, “incrementar la capacidad instalada para internar a la población penitenciaria procesada y sentenciada por delitos de alto impacto, a fin de mitigar el riesgo de sobrepoblación; mantener actualizadas las políticas y los criterios que permitan la óptima distribución del ingreso y la adecuada organización interna de la población privada de su libertad, conforme a su perfil criminológico, necesidades y la capacidad instalada en los centros penitenciarios”.
Y de igual manera, “diseñar e instrumentar estrategias de despresurización en los centros penitenciarios, basadas en el análisis de riesgos y amenazas”.
El Senado tiene hasta el último día de abril para aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
APRUEBAN CASTIGAR EL ACECHO
La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó ayer, por mayoría de votos, la iniciativa en materia de acecho, una modalidad de violencia contra las mujeres, las adolescentes y mujeres que comprende cualquier tipo de vigilancia, persecución, seguimiento y comunicación en dos o más ocasiones sin consentimiento, ya sea de manera presencial o por medios digitales.
El dictamen adiciona un artículo 16 ter a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de acecho.
Es trascendental que el acecho esté dentro de la ley con una definición amplia y que abarque todos los ámbitos en que pueda ser observado”, subrayó la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Miriam Burgos Hernández Hernández, legisladora perteneciente a la bancada morenista.
