Ciudad de México.- A menos de un mes de la elección de juzgadores, 34 candidatos fueron denunciados por no cumplir los requisitos constitucionales para participar en la contienda, pese a que los Comités de Evaluación tenían la obligación de garantizar los perfiles.
En sus impugnaciones, ciudadanos, organizaciones sociales y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados señalaron carencia de buena fama pública, vínculos con el crimen organizado, antecedentes penales y a aspirantes que no cumplen el requisito de 8 de promedio de calificación en sus estudios.
Entre los señalados destaca Francisco Herrera Franco, candidato a juez de Distrito en materia penal en el 11 circuito judicial, con sede en Michoacán, quien fue incluido tanto en las denuncias hechas por el Poder Legislativo como en las de la organización civil Defensorxs por una Justicia Digna, así como en recursos presentados por ciudadanos en lo particular.
También José Humberto Padilla y Fernando Escamilla, candidatos a juez penal en Nuevo León, y Andrés Montoya, a magistrado en Sonora, señalados por Defensorxs y por el Legislativo.
ASPIRANTES BURLAN CONTROL ELECTORAL; SUMAN 34 IMPUGNADOS
A 26 días de la primera elección nacional de juzgadores federales, al menos 34 candidatos fueron denunciados por ciudadanos, organizaciones sociales y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, porque no cumplen los requisitos constitucionales; es decir, que avanzaron hasta la boleta, a pesar de que los comités de Evaluación tenían la obligación de evitarlo.
Hasta el momento Francisco Herrera Franco, candidato a juez de Distrito en materia penal en el 11 circuito judicial, con sede en Michoacán, es el que más denuncias acumula ante las autoridades electorales federales, pues además de estar en la lista del Poder Legislativo como persona que carece de buena fama pública, también fue incluido en la organización civil Defensorxs por una Justicia.
Le siguen los juzgadores Jesús Humberto Padilla Briones, candidato a juez penalen Nuevo León; Fernando Escamilla Villarreal, para juez penal en Nuevo León y Andrés Montoya García, candidato a magistrado en materia mixta con sede en Sonora, quienes están señalados por la organización Defensorxs y por los presidentes del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.
De acuerdo con la información pública de los listados de candidatos, los 34 aspirantes a juzgadores federales contra quienes han presentado impugnaciones ante el Instituto Nacional Electoral (INE), 16 están especializados en materia penal; de ellos, 13 quieren ser jueces y tres compiten para ser magistrados. Además, hay 10 juzgadores en materia mixta, que también atienden temas penales y de esos 10 siete quieren ser jueces y tres magistrados.
Hay otros tres que están especializados en materia laboral y los tres quieren ser magistrados. Hay otros dos especializados en materia civil que quieren ser jueces; hay dos más en materia administrativa, uno de ellos va para juez y el otro para magistrado.
Y hay una sola persona del área electoral que está señalada de no cubrir los requisitos constitucionales, porque no tiene el 8 de calificación mínimo.
La revisión de este listado de 34 impugnados deja ver que 12 pasaron por la revisión del Comité de Evaluación del Poder Legislativo; 10 lo hicieron por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo; nueve son actuales juzgadores, por lo que tuvieron pase automático y sólo tres son del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que fue el único que suspendió sus actividades, en acatamiento de una orden judicial, por lo que no pudo hacer la revisión exhaustiva de sus candidatos y éstos fueron avalados por el Senado.
También se observa en ese listado de 34 candidatos a juzgadores impugnados que 26 están acusados de tener relación con el crimen organizado o de tener o haber tenido procesos judiciales en su contra, por lo que no gozan de buena fama pública; y los ocho restantes son candidatos que no tiene el 8 de calificación mínima que se exige para ser postulados.
Son 19 los candidatos que están señalados formalmente ante el INE de estar involucrados con el crimen organizado: Francisco Herrera Franco, que busca ser juez penal en Michoacán y es señalado por dos ciudadanos, la organización Defensorxs por la Justicia Digna y por los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados; Fernando Escamilla Villarreal, para juez penal en Nuevo León; José Humberto Padilla Briones, que busca ser juez penal en Nuevo León; Andrés Montoya García, que aspira a ser magistrado en materia mixta en Sonora, señalados por Defensorxs por la Justicia Digna y por los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados.
Eluzai Rafael Aguilar, que busca ser juez penal en Oaxaca; Karina Sánchez Ruiz, magistrada en materia mixta en Jalisco; Cesiah Karen León Rocha, para juez en materia civil; Madián Sinaí Menchaca Sierra, para juez en materia administrativa en Jalisco; Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza, para magistrada en materia laboral en Guanajuato; Betzabeth Almazán Morales, para juez en materia civil en Jalisco y Job Daniel Wong Ibarra, para magistrado en materia laboral en Jalisco, fueron impugnados por Defensorxs por la Justicia Digna.
Diana Monserrat Partida Arámburo, actual jueza penal en CDMX; Julio Veredín Sena Velázquez, actual juez penal en CDMX; Aníbal Castro Borbón, actual juez en materia penal en Sonora; Conrado Alcalá Romo, actual juez penal en Jalisco; Enrique Hernández Miranda, actual juez penal en Sonora; Francisco Martín Hernández Zaragoza, actual magistrado penal en Jalisco, que busca mantener su puesto vía elección.
Así como Edgar Agustín Rodríguez Beiza, candidato a magistrado penal en CDMX y Leopoldo Javier Chávez Vargas, que va para juez en materia mixta en Durango, fueron señalados por el Legislativo por tener vínculos con el crimen organizado, que según ellos puede demostrarse con los fallos que han hecho, en el caso de quienes buscan quedarse en sus actuales posiciones.
Hay una ciudadana que acusó a Alfonso Javier Flores Padilla, que quiere ser juez en materia mixta en Baja California, por ligas criminales.
Los presidentes del Poder Legislativo federal también señalaron a seis candidatos por tener antecedentes penales, pues fueron acusados de diferentes delitos como son los casos de Alejandro Tlacuahuac Zitlalpopoca, que va como magistrado en materia laboral en Puebla y fue acusado de abuso sexual; Ángel Antonio Villegas Cortés, que quiere ser juez en materia mixta en Veracruz y está acusado de amenazas y lesiones.
Noel Castro Melgar, que busca ser juez en materia mixta en Sonora, acusado de peculado y abuso sexual; Arturo César Morales Ramírez, que busca ser magistrado en materia administrativa en CDMX y está imputado por delincuencia organizada; Jesús Karina Almada Rábago, que quiere ser jueza en materia mixta en Sonora y fue abogada de integrantes del Cártel de Sinaloa, y a María de Jesús López Guzmán, que quiere ser juez penal en Chipas, que fue abogada de un integrante de la delincuencia organizada. También se señalaron a 8 personas que no cumplen con la calificación mínima de ocho.
