Ciudad de México.- La eventual desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y la concentración de todas sus funciones en el Instituto Nacional Electoral (INE), en un contexto de elecciones legislativas concurrentes con comicios judiciales podría llevar al sistema electoral mexicano a un “colapso técnico” sin precedentes, advierte el Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE).
La sobrecarga administrativa, logística y operativa que implicaría organizar simultáneamente la renovación total de la Cámara de Diputados, elecciones locales y la segunda etapa de la elección judicial en 2027, bajo un esquema centralizado, constituye el principal foco rojo de la próxima reforma electoral.
A este riesgo se suma, según el organismo, la propuesta de modificar la integración del Consejo General del INE, reduciendo el número de consejerías y sometiendo su designación al voto popular.
Para OPINE, introducir una lógica de competencia política en un órgano cuya naturaleza es eminentemente técnica e imparcial debilita la función de arbitraje electoral y abre la puerta a su captura por mayorías partidistas.
OPINE advierte que elegir por voto popular a las y los consejeros electorales rompería con el principio de imparcialidad técnica que ha caracterizado al INE.
La experiencia comparada y la teoría política muestran que los funcionarios electos tienden a responder a las fuerzas que financiaron, promovieron o movilizaron su candidatura, más que a un mandato estrictamente legal.
En un contexto de alta concentración de poder, esto podría traducirse en un Consejo General alineado con la mayoría gobernante, erosionando la confianza de la oposición y la credibilidad de los resultados.
Convertir al árbitro en un actor que debe competir por votos implica, además, campañas, exposición mediática, apoyos políticos y eventualmente financiamiento, factores incompatibles con la lógica de independencia que exige la función electoral.
Para el observatorio, la politización de las consejerías transformaría al órgano técnico en un jugador más del tablero, con riesgos directos de captura institucional.
El escenario se agrava por la coincidencia de elecciones legislativas y judiciales.
La organización de estos comicios supone boletas adicionales, escrutinios diferenciados y capacitación especializada de los funcionarios de casilla.
Centralizar todas estas atribuciones implicaría perder conocimiento del entorno municipal y comunitario, saturar la estructura nacional y generar cuellos de botella. Si el INE debe absorber todas las elecciones federales y locales, la posibilidad de errores se incrementa, dijo.
