Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La inasistencia de YAC a una audiencia judicial este domingo complica la situación jurídica que enfrenta por presuntas irregularidades administrativas, mientras crece la expectativa por las posibles consecuencias legales que podrían derivarse de su ausencia reiterada.
La audiencia inicial programada este día dentro de la Carpeta Procesal CP/0733/2025 se llevó a cabo sin la presencia de la imputada ex secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, situación que marcó un nuevo episodio en el proceso penal que enfrenta por presunto uso indebido de atribuciones y facultades. La diligencia formaba parte de las etapas iniciales del caso.
Desde temprana hora, este domingo el juzgado tenía previsto revisar los señalamientos relacionados con la compra de despensas durante los ejercicios fiscales 2021 y 2022, operaciones que, de acuerdo con la investigación, se realizaron mediante el esquema de adjudicación directa, a pesar de que, conforme a la normatividad, debieron llevarse a cabo a través de licitaciones públicas con convocatoria abierta.
La ausencia de YAC no pasó inadvertida. En la audiencia se dio cuenta de que la exfuncionaria ya habría acumulado tres citatorios previos sin atender, todos ellos justificados, según se ha señalado, por motivos de salud. El más reciente de estos avisos se habría presentado el pasado jueves, sin que ello evitara que el proceso continuara su curso.
Anteriormente, un juez emitió un ultimátum dirigido a YAC, en el que se le ordenaba comparecer de manera inmediata a la diligencia programada. La advertencia fue directa: la asistencia era obligatoria y su incumplimiento podría traer consecuencias legales adicionales.
Como parte de las resoluciones dictadas en audiencia, el juez ordenó la suspensión del proceso, dejando abierta la posibilidad de que el Ministerio Público solicite una orden de aprehensión con el objetivo de que YAC sea presentada ante el juzgado para continuar con el procedimiento penal.
YAC se desempeñó como secretaria de Bienestar Social durante el pasado sexenio, cargo desde el cual se habrían autorizado las operaciones ahora bajo investigación.
Aunque la información oficial se ha limitado a lo ocurrido en la audiencia, versiones preliminares señalan que el caso podría complicarse aún más para la exfuncionaria por no atender los requerimientos judiciales.
