Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante los niveles documentados de desgaste profesional, acoso laboral y afectaciones a la salud mental que enfrentan los médicos residentes, el Congreso local dio entrada a una iniciativa que busca establecer un blindaje legal para protegerlos durante su formación en hospitales públicos y privados del estado.
La propuesta, presentada por el diputado local Víctor Manuel García Fuentes, plantea adicionar un nuevo capítulo a la Ley de Salud del Estado, enfocado exclusivamente en los derechos, obligaciones y mecanismos de protección para las personas médicas residentes que realizan su especialidad en unidades médicas de la entidad.
El legislador advirtió que atender esta problemática no es una concesión, sino una responsabilidad institucional, al subrayar que “proteger a los médicos residentes no es un privilegio, es una condición indispensable para garantizar servicios de salud seguros, humanos y de calidad para la población”.
De acuerdo con estudios citados en la iniciativa, más del 50 por ciento del personal médico residente presenta síndrome de burnout, un estado de agotamiento físico, mental y emocional provocado por estrés laboral crónico, mientras que entre 30 y 40 por ciento ha sido víctima de acoso laboral o prácticas de hostigamiento durante su proceso formativo.
El documento refiere que en algunos hospitales del país prácticamente la totalidad de los residentes de determinadas especialidades ha presentado síntomas de desgaste profesional, asociados a jornadas prolongadas, presión constante y falta de descanso adecuado.
Incluso, se han documentado síntomas depresivos y pensamientos suicidas, lo que exhibe una crisis de salud mental entre quienes sostienen gran parte de la atención médica hospitalaria.
La iniciativa advierte que estas prácticas se han normalizado dentro del sistema de formación médica, pese a que vulneran derechos humanos básicos y afectan directamente la seguridad del paciente, al incrementar el riesgo de errores médicos y disminuir la calidad de la atención.
El proyecto de decreto propone reconocer formalmente a la persona médica residente como un profesional con título y cédula que participa en un programa de especialización acreditado, con actividades asistenciales y académicas en el estado.








