Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas contará con una nueva vía jurídica para resolver conflictos entre el Ejecutivo, Legislativo y Municipios, así como para cuestionar leyes y reglamentos que contravengan la Constitución del Estado.
La Diputación Permanente del Congreso local aprobó una iniciativa promovida por los diputados Lucero Deosdady Martínez López y Humberto Armando Prieto Herrera, mediante la cual se propone expedir la Ley de Mecanismos de Control Constitucional para el Estado de Tamaulipas.
El proyecto establece que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado podrá actuar como Tribunal Constitucional para resolver controversias entre autoridades y si determinadas disposiciones se ajustan a la Constitución tamaulipeca.
La ley contempla tres títulos, 20 capítulos, 84 artículos y un artículo transitorio, además de establecer procedimientos para impugnar actos y disposiciones emitidos por autoridades estatales y municipales.
Los ayuntamientos tendrían una vía jurisdiccional local para defender sus atribuciones cuando consideren que una decisión del Gobierno del Estado o del Congreso invade sus competencias constitucionales.
También podrían llevarse ante el Tribunal Constitucional controversias entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, entre distintos municipios y aquellas que involucren a organismos autónomos, siempre dentro de las competencias establecidas por la legislación.
El mecanismo también contempla la posibilidad de impugnar leyes, decretos y puntos de acuerdo emitidos por el Congreso, así como reglamentos y disposiciones generales del Ejecutivo y de los ayuntamientos cuando se considere que vulneran la Constitución estatal.
Para promover acciones de inconstitucionalidad, diputados y regidores deberán reunir el respaldo de al menos 33 por ciento de sus respectivos órganos legislativos.
La iniciativa también contempla facultades para el gobernador, mediante la Consejería Jurídica; los síndicos; el fiscal general y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, particularmente en asuntos relacionados con normas que pudieran vulnerar derechos humanos.
En caso de que una norma sea declarada inválida con efectos generales, será necesario el voto favorable de cuando menos dos terceras partes de los magistrados que integren el Tribunal Constitucional.
La iniciativa deberá ser sometida ante el Pleno este miércoles 23 de septiembre.










