Ciudad de México.- La eventual aprobación de las iniciativas de reformas que impulsa el gobierno federal podría generar presión en las finanzas públicas, principalmente la relacionada al sistema de pensiones, y ello influiría negativamente en la calificación crediticia de México, coincidieron analistas consultados por Excélsior.
Las calificadoras ponen atención en un perfil institucional del país, en la economía, que haya elementos que sugieran que hay gobernanza y, en el momento en el que algunos de estos elementos se vean vulnerados por alguna de las 20 propuestas del gobierno, claramente generará un entorno de más cautela o podría generar un entorno de preocupación en torno a si la calificación soberana tenga que revisarse o al menos la perspectiva”, explicó Jessica Roldán, economista en jefe de Finamex Casa de Bolsa.
Comentó que el riesgo más latente es sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas por la aplicación de alguna de las reformas, principalmente preocupa la iniciativa sobre el sistema de pensiones, los programas del bienestar y las becas, así como los programas de infraestructura, energía y telecomunicaciones.
Las modificaciones propuestas para las pensiones reducen de 68 a 65 años la edad a partir de la cual la población tiene derecho a exigir al Estado mexicano una pensión no contributiva, la cual se financiará con cargo al erario.
Establece la obligación del Estado mexicano de garantizar que la pensión que reciban los trabajadores sea igual a su último salario base de cotización, hasta por un monto equivalente al salario promedio de los trabajadores afiliados al IMSS.
El Instituto Mexicano para la Competitividad estima que el costo del programa Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores alcanzará los 2.08 billones de pesos en 2050: 138.5% más, en términos reales, que el presupuesto aprobado para dicho programa en 2024.
Tienen implicaciones fiscales, económicas e intergeneracionales que no se mencionan en la exposición de motivos de la iniciativa”.
Para Roldán, si bien se menciona la creación de un Fondo para solventar este gasto, se desconoce cómo se obtendrán los flujos de ingresos que llenarán ese fondo, por lo que será un costo permanente y creciente a lo largo del tiempo.
Eso evidentemente pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas, que es uno de los elementos fundamentales que las calificadoras toman en cuenta para su evaluación”.
La experta también mencionó que lo relacionado con la concentración de poder y la de los contrapesos en la economía podría hacer que el nivel de gobernanza en el país vaya cambiando.
Cambio institucional
Y si hay un cambio institucional importante que vulnere el entorno macroeconómico, no será una sorpresa un cambio en la calificación.
Por ello, también preocupa a los expertos la reforma electoral y la elección de miembros del poder judicial.
Alejandro Saldaña, economista en jefe de Ve por Más, reconoció que hay dos elementos que podrían estar bajo la atención de las agencias calificadoras este año, el primero un aumento previsto en el déficit fiscal, y la presión que tendrá la próxima administración federal para reajustar las finanzas públicas en 2025.
Y el segundo cómo será la nueva relación de México con Estados Unidos, tras los procesos electorales en ambas naciones.
No debemos olvidar que la calificadora lo que está haciendo es una evaluación de la sostenibilidad o de la capacidad de pago del país”, concluyó Roldán.
