Ciudad de México.- Luego de que se hiciera pública la suspensión de los derechos político-electorales del alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, por parte de las autoridades electorales, Mario Rafael Llergo Letournerie, consejero del poder legislativo en representación del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), expresó su preocupación por la imparcialidad y la certeza que deben mantener dichas autoridades.
Llergo destacó la discrepancia en el trato hacia su candidato, Carlos Víctor Peña Ortiz, quien, a pesar de contar con una suspensión definitiva de sus derechos político-electorales otorgada por la justicia federal, se encuentra en una situación diferente.
Afirmó: «Nos parece extraño que en un caso no similar porque nuestro candidato registrado ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), nuestro candidato a la presidencia municipal, el compañero (Carlos Víctor Peña Ortiz), hoy esté privado de sus derechos político-electorales».
El consejero hizo hincapié en que tanto el vocal ejecutivo del INE en Tamaulipas, Sergio Ruiz Castellot, como el titular del Registro Federal de Electores (RFE), Alejandro Sosa Durán, actuaron con una rapidez inusual ante la solicitud de un juez del fuero común, que ya había requerido previamente al vocal ejecutivo del INE en Tamaulipas en 2022.
Llergo señaló que, aunque ya se ha presentado el caso ante la sala regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aún les resulta inusual la diligencia con la que se manejó el asunto.
Además, reveló que han solicitado la reincorporación de Carlos Víctor Peña Ortiz al padrón electoral y han presentado evidencia al respecto.
En un tono enérgico, Llergo manifestó su descontento y solicitó la remoción del vocal ejecutivo del Instituto Electoral en Tamaulipas, argumentando que su actuar no ha sido imparcial ni ha ofrecido certeza en el proceso electoral.
«Exigimos y pedimos esta representación la remoción del vocal Ejecutivo del Instituto Electoral en Tamaulipas», expresó ante el órgano regulador de elecciones, respaldando su petición con pruebas y declaraciones públicas del propio vocal ejecutivo en medios de comunicación sobre el caso.
