Para Movimiento Ciudadano el fin último y sustantivo de la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública es la modificación real e integral de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que a todas luces ha fracasado, puntualizó el senador Clemente Castañeda.
“No habrá ruta posible para recuperar la paz si no cambiamos la estrategia y eso es algo que podemos y debemos hacer como legisladores federales más allá de esta Comisión”, señaló Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República.
“Si vamos a evaluar el trabajo de las Fuerzas Armadas y contribuir a su mejor desempeño para que tengan una ruta de salida de las tareas de seguridad, entonces también estamos obligados a aportar lo necesario para perfilar una nueva estrategia de seguridad y construcción de paz, que incluya, de manera central, el fortalecimiento y profesionalización de las policías civiles en los tres órdenes de gobierno”.
En la instalación de la Comisión Bicameral, Castañeda planteó 10 puntos que esta instancia debería evaluar:
Las capacidades y la actuación de la Fuerza Armada como primer respondiente en tareas de seguridad pública.
Los criterios de despliegue territorial de la Fuerza Armada, pues donde incrementa el despliegue del Ejército aumenta también la violencia y no hay tendencias a la baja.
Llamar a comparecer a titulares de la SEDENA, la Marina, la Guardia Nacional y demás funcionarios del Gabinete de seguridad.
Los avances en el desarrollo de la estructura y formación de capacidades de la Guardia Nacional tras el traspaso del mando operativo y administrativo a la SEDENA.
La vulneración cibernética masiva a los servidores de la SEDENA, con la cual se filtraron millones de documentos clasificados de las Fuerzas Armadas.
El uso de tecnologías para espiar a la ciudadanía desde la SEDENA e indagar a fondo la existencia del “Centro Militar de Inteligencia” que carece de bases legales y atropella al Estado de derecho.
El uso de la fuerza pública y la letalidad de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional a la luz de casos como los de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en septiembre de 2022 y febrero de 2023, así como el de Guanajuato en abril 2022, entre tantos otros.
Las facultades extraconstitucionales que este Gobierno le ha conferido a las Fuerzas Armadas, su manejo presupuestal y su injerencia política en la vida pública del país.
Evaluar la actual relación cívico-militar en el Estado mexicano y su evolución durante los últimos 15 años.
Perfilar la ruta para el retiro paulatino de la Fuerza Armada de las tareas de seguridad pública, con objetivos claros y fechas concretas, con recursos suficientes, políticas públicas y metas concretas para que las autoridades civiles de la Federación, de las entidades federativas y los municipios asuman a cabalidad las funciones de seguridad pública.
El senador Clemente Castañeda pidió que esta instancia no sea una simulación y que desde el Poder Legislativo se puedan plantear y ejercer acciones de fondo.
