Ciudad de México.- El gobierno de México publicó las sumas que pagará a los ciudadanos que participen de un programa nacional de desarme que se implementará en los atrios de las iglesias y que ofrece hasta 1.300 dólares a cambio de piezas de alto poder como ametralladoras.
Los «incentivos en efectivo» varían según el arma que se entregue: 1,045 pesos (51 dólares) por armas artesanales de todo calibre; 4,080 pesos (200 dólares) por un lanzagranadas; 25,000 pesos (1,229 dólares) por un fusil AK-47 y 26,450 pesos (1,300 dólares) por ametralladoras ligeras y pesadas, según la lista publicada en el Diario Oficial la noche del lunes.
Entre los objetivos del programa «Sí al desarme, Sí a la paz», anunciado en diciembre pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum, está reducir la cantidad de armas en manos de civiles y disminuir con ello «los índices de violencia, inseguridad y accidentes en los domicilios como consecuencia del manejo de estos instrumentos», detalla la publicación.
El operativo estará a cargo de los ministerios de Defensa, Gobernación y Seguridad Pública, agrega.
No habrá procesos judiciales contra los poseedores de armas
Sheinbaum subrayó en diciembre que no habrá procesos judiciales contra los poseedores de armas de fuego que participen del plan, parte de su «estrategia global» de seguridad pública.
Un programa similar está vigente desde mayo de 2019 en la capital mexicana y fue implementado cuando Sheinbaum era la alcaldesa de esta metrópoli de 9.2 millones de habitantes.
El plan ha permitido retirar de circulación 8,797 armas y casi 1.2 millones de municiones desde su instauración hasta mayo de 2024, según datos de las autoridades locales.
En 2023, México registró 31,062 homicidios, un 70% de los cuales fueron causados por armas de fuego, según cifras preliminares del instituto nacional de estadística, INEGI.
Tres cuartas partes de los homicidios están ligados a enfrentamientos entre grupos criminales por el control de rutas y mercados del narcotráfico, según el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
El gobierno mexicano sostiene que existe un vínculo directo entre la violencia criminal y el tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos.
