Ciudad de México.- Órganos electorales de entidades en las que en junio próximo habrá elección de juzgadores a nivel local se enfrentan a asfixia presupuestal, en diversos niveles, que pondrían en riesgo los comicios. Ante esto, algunos han solicitado ya ampliaciones presupuestales para hacer frente a las tareas de organización.
Los organismos públicos locales electorales de Colima, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas enfrentarán recortes de entre 68.92% y 53.9%, lo que prende los focos rojos rumbo a los comicios judiciales.
En tanto, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Michoacán, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz sufrieron una disminución presupuestal de menos de 30% que afectaría su desempeño, por lo que al menos cuatro de estas entidades ya solicitaron una extensión en sus recursos, la cual aún no les ha sido otorgada.
Al respecto, el consejero electoral Martín Faz, presidente de la comisión de Vinculación con los OPLE, explicó que este “patrón” de recortes ha ido en aumento, con cada vez más porcentaje de afectación a esos organismos.
No saldrá al rescate
En años pasados, el INE ha tenido que prestar dinero a los organismos electorales locales para cubrir su porcentaje de gasto en las casillas únicas, lo que, en gran medida, ha permitido que no se detengan las elecciones.
Enfrentan estados elección sin dinero; hay 16 entidades en alerta
Este “patrón” de recortes no sólo no se ha revertido, sino que ha ido en aumento en el porcentaje de afectación a esos organismos, dijo el consejero Martín Faz.
Tanto 16 órganos autónomos electorales entidades del país, como el INE, enfrentarán el reto de organizar las elecciones del 1 de junio al enfrentar recortes presupuestales.
Los organismos públicos locales electorales de Colima, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas enfrentarán recortes de entre 68.92% y 53.9%, lo que prende los focos rojos rumbo a los comicios judiciales.
En tanto, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Michoacán, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz sufrieron una disminución presupuestal de menos de 30% que afectaría su desempeño, por lo que al menos cuatro de estas entidades ya solicitaron una extensión en sus recursos, la cual no les ha sido otorgada.
Luego que desde 2021 el INE empezó a darle seguimiento a los recortes presupuestales que empezaron a experimentar estos órganos, en este año, el propio INE afronta una situación de asfixia presupuestal, por el recorte de 13 mil millones de pesos que la aplicó la cámara de Diputaciones, que, en el mejor de los casos, con una ampliación presupuestal de 800 millones de pesos, le permitirá poner la mitad de las casillas que se instalaron en la presidencial de 2024.
Al respecto, el consejero del INE, presidente de la comisión de Vinculación con los Oples, Martín Faz, explicó que este “patrón” de recortes no sólo no se ha revertido, sino que ha ido en aumento en el porcentaje de afectación a esos organismos.
Recordó que empezó con un recorte al instituto electoral de Colima, del 48% en 2021, mientras en 2022 aumentaron las entidades y los porcentajes, llegando a 65% en el mismo estado y en Guerrero; en 2023 y 2024 se vieron casos de recortes del 70-75%, y en Puebla, incluso, del 90 por ciento.
Martín Faz comentó que “lo que sí podemos observar pues es un patrón de asfixia presupuestal a los organismos públicos que, además de los recortes que en sí mismo lo es, también hay otras prácticas como el del no otorgarles a tiempo el recurso”.
“Hasta el momento no ha habido, no se ha suspendido ninguna elección por algún recorte de esta naturaleza, pero sí se ha trabajado bajo estrés institucionales pues muy severos, o con afectaciones institucionales como es por ejemplo en el caso de Morelos. En el caso de Morelos mediante la ley, el estado es el que tiene que pagar las prestaciones de seguridad social y se han dejado de pagar estas prestaciones de seguridad social” para los trabajadores, explicó Faz Mora.
Actualmente, el gobierno morelense debe 7.3 millones de pesos en prestaciones de seguridad social a los trabajadores de su instituto electoral.
Otra afectación importante fue en Durango, donde el gobierno se comprometió a pagar la impresión de las boletas, pero se tardó dos años en hacerlo, por lo que, en la siguiente elección, ninguna empresa dedicada a las impresiones quería aceptar el contrato para ese tema.
Los Tribunales locales han tenido que sentenciar que se deben dar recursos a los Oples para imprimir boletas en elecciones extraordinarias, como en el caso de Colima, que, el año pasado, el Tribunal local, tuvo que ordenar la entrega de 2.5 millones para el caso.
Los propios Congresos locales han tenido que tomar medidas no reconocidas por la ley, para tratar de dotar de recursos a estos institutos, como fue el caso de Coahuila, en donde los diputados locales decidieron pellizcarle 645 mil pesos al financiamiento de partidos políticos, para dárselo al instituto electoral local para su gasto operativo.
Al reconocer que hay problemas en las finanzas públicas de gobiernos locales y federales, el consejero Faz también subrayó que los recursos de ningún Instituto Electoral rebasan el 1% del presupuesto total de los estados por lo que no se puede considerar que sean “una carga fiscal o una carga económica grave”, por lo que “hay que decirlo, si hay, creo, un intento de presión a las autoridades” y de afectar la autonomía financiera porque “el estarte negando recursos para algo pues te limitan las posibilidades o te condicionan” según el interés del gobierno en turno por la elección o por una consulta popular.
Actualmente, Zacatecas debe 5.9 millones de pesos al INE por los comicios de 2021 y 2024, mientras Yucatán adeuda 2.3 millones por las pasadas elecciones de 2024.
Excélsior le preguntó qué se espera en 2025 con la situación de un INE y Oples con asfixia presupuestal.
“Complicaciones mayores sin duda, porque ahora sí no tenemos nosotros ningún margen. En otras ocasiones hemos tenido un margen; nos hemos visto obligados a esta reducción, incluso en el número de casillas a instalar, que en este caso eran centros de votación y nuestros márgenes de maniobra son escasos”, apuntó Faz.
