Ciudad Victoria, Tamaulipas . – Luego de permanecer inactiva durante dos años, la iniciativa para despenalizar el aborto en Tamaulipas vuelve a colocarse en la agenda legislativa.
Diputados locales, encabezados por la morenista Lucero Deosdady Martínez López, han reactivado las mesas de trabajo con el objetivo de presentar formalmente la reforma durante el actual periodo ordinario.
Martínez López, quien preside la Comisión de Igualdad de Género y de la Diversidad, afirmó que se trata de un tema urgente en materia de derechos humanos, salud pública y justicia social.
“Lleva dos años congelada, no tiene razón para estar así. Ya se ha discutido ampliamente y cuenta con criterios claros de la Suprema Corte. Es momento de avanzar”, sostuvo la legisladora.
La diputada informó que se están realizando consultas con organizaciones feministas y de salud para enriquecer la propuesta legislativa. “Hemos escuchado nuevas voces, ya platicamos con varios colectivos y ellos también han aportado elementos importantes”, indicó.
Diversas organizaciones han advertido que la criminalización del aborto obliga a muchas mujeres a recurrir a prácticas clandestinas e inseguras, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves como infecciones, hemorragias o incluso la muerte.
Además, la estigmatización social y la falta de información impiden que muchas mujeres busquen atención médica adecuada después de un aborto incompleto o fallido.
Actualmente, el Código Penal del Estado de Tamaulipas tipifica el aborto como un delito. Las sanciones oscilan entre uno y cinco años de prisión para la mujer que aborte, mientras que quienes practiquen el procedimiento con o sin consentimiento enfrentan penas que van de uno a ocho años, además de la posible inhabilitación profesional en el caso de personal médico.
Las únicas excepciones legales en el estado son en casos de violación, riesgo de muerte para la madre o malformaciones graves del feto, aunque el acceso legal sigue siendo limitado y lleno de trabas.
Para la legisladora Martínez López, el debate no debe centrarse en posturas personales. “Esto no va sobre opiniones individuales. Es un asunto de salud pública y de respeto a los derechos humanos”, enfatizó.
