Ciudad de México.- Con el riesgo constante de que los ciudadanos no acudan a votar el domingo, los operadores de Morena, incluidos diputados locales y federales, senadores y servidores de la nación, coordinados por gobernadores, intensifican las acciones de recorrido de tierra para concretar la participación en las urnas para la primera elección de jueces, magistrados y ministros.
A pesar de que la Constitución es clara en los prohibiciones, tiempos y requisitos que deben cumplirse, este primer proceso electoral de los integrantes del Poder Judicial de la Federación suma, al menos, siete violaciones constitucionales notorias.
Los Comités de Evaluación incurrieron en tres violaciones constitucionales, porque no tuvieron a tiempo sus listas de candidatos elegibles, como fue el caso del Poder Legislativo, como lo establece el artículo 96 constitucional, en función de los tiempos que estableció la Convocatoria ordenada por ese artículo.
Tampoco revisaron con minuciosidad que cumplieran los requisitos, al grado que al menos 34 candidatos fueron denunciados por ciudadanos, organizaciones sociales y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, porque no cumplen los requisitos constitucionales, ya sea la buena fama y la calificación mínima requerida, con lo cual violaron el artículo 95 constitucional.
Y no cumplieron con el número de candidatos por cada puesto a elegir, como ordena el artículo 96, párrafo segundo, pues el Poder Judicial postuló, por ejemplo, un número menor de candidatos a salas regionales del Poder Judicial de la Federación y hay otros 30 candidatos que van solos a elección de jueces y magistrados, cuando debían ser al menos dos personas.
Los diputados federales y los senadores violan el artículo 96 constitucional que prohíbe a los servidores públicos hacer proselitismo y lo hacen abiertamente, incluso con el uso de recursos públicos, porque utilizan sus cuentas en redes sociales que los identifican como legisladores federales para promover no sólo el voto, sino a candidatos, como ocurre con la senadora morenista Guadalupe Chavira, quien en su cuenta de X promueve a Bernardo Bátiz para que sea magistrado de disciplina judicial.
La quinta violación, también cimentada en el artículo 96 constitucional, es el intento de los partidos políticos, principalmente Morena, de habilitar a sus militantes como observadores electorales, a pesar de que el propio artículo 96 lo prohíbe.
El INE rechazó a 38 mil 229 personas que querían ser observadores electorales; de ellos, 20 mil 900 eran de Morena; dos mil 576 del Verde; mil 280 del Partido del Trabajo; cinco mil 336 del PRI; mil 270 de Movimiento Ciudadano; mil 257 del PAN y cinco mil 600 de partidos locales.
La sexta violación constitucional fue protagonizada por 380 candidatos, porque contrataron publicidad para promoverse, a pesar de que el artículo 96, párrafo sexto ordena que “estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos”.
La séptima violación es la referente al diseño de las boletas que no cumplen con la paridad.
En entrevistas con legisladores federales y locales de Morena, Partido Verde y PT, el trabajo para lograr que los ciudadanos acudan a las urnas el próximo domingo se enfrenta a un “riesgo constante” de que no lo hagan.
La operación, explicaron, se realiza en dos grandes bloques. Los institucionales, que con todos los coordinados por los gobernadores, quienes a su vez designan senadores o diputados federales cercanos, para distribuir sus territorios en diferentes secciones; en diversos casos hay coordinación con los servidores de la nación, que trabajan directo con los gobernadores.
En los estados que no gobierna Morena, como son Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Durango, Coahuila, Nuevo León y Jalisco, el liderazgo lo asume el partido, con los senadores y/o diputados federales que tienen el mayor peso.
Y el otro grupo es el que integran diputados federales y senadores que no son cercanos a sus gobernadores y realizan su trabajo coordinados con sus líderes en el Senado y en la Cámara de Diputados, donde el que opera todo el esfuerzo para lograr mayor participación en las urnas es Alfonso Ramírez Cuéllar.
Todos ellos, tanto los institucionales como los “sueltos”, tienen el mandato de promover la participación de los ciudadanos en las urnas, pero en los últimos días han comenzado a promover candidatos; de ahí el surgimiento de los llamados “acordeones”.
Según la información obtenida por Excélsior, esos acordeones los reparten los operadores directos de los gobernadores, no los legisladores federales; aunque cada uno de ellos haga promoción de sus propios candidatos.
Los legisladores que accedieron a compartir información, sin ser identificados, informaron que esperan que entre miércoles y viernes existe una indicación adicional para intensificar la operaciónde tierra y garantizar no sólo una asistencia significativa en las urnas, sino que ganen los candidatos federales y locales que le interesan al oficialismo.
Cabe destacar que ayer se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum los coordinadores de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados.
