Ciudad de México.- México no será refugio del crimen organizado ni cómplice del dinero sucio, pues habrá mecanismos más efectivos para combatir el lavado de dinero, al quitarse los vacíos legales que servían para “beneficiar a las personas que causan daño al país” y ahora se busca desmantelar los entramados que financian al crimen organizado, incluidas las campañas electorales, advirtió el oficialismo en el Senado.
Ayer, con 23 votos en favor y seis abstenciones, comisiones unidas del Senado aprobaron la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que incluye por primera vez el monitoreo de legisladores, juzgadores, fiscales, policías, comisionados, secretarios de Estado y todo tipo de servidores públicos en los tres niveles de gobierno y los tres Poderes de la Unión, incluidos los órganos autónomos, a quienes se les considerará “personas políticamente expuestas”.
Pero aun cuando apoyan la mejora en el mecanismo de combate contra el lavado de dinero, senadores de la oposición alertaron que la redacción de ésta abre la puerta a la violación de derechos humanos, de la protección de datos personales, el secreto bancario y la presunción de inocencia de toda la población. La priista Carolina Viggiano consideró incluso que otorgar facultades a la UIF para investigar a todos los ciudadanos, que quedarán vulnerables ante la autoridad, la convierte en “una comisaría estalinista”.
Ayer, por primera vez en siete años, las comisiones procesaron un cambio al dictamen, a propuesta del morenista Manuel Huerta y la decisión, sorpresiva, dejó a la oposición sin posibilidades de proponer cambios, dado que no los traían listos, porque desde hace siete años la dinámica impuesta por Morena fue que los cambios sólo se hacen en el pleno, no en comisiones, a pesar que la reglamentación interna establece que las comisiones pueden hacer las modificaciones que se acepten.
Manuel Huerta explicó que “actuar con firmeza es una decisión de soberanía, porque tolerar el lavado de dinero nos hace perder estabilidad y soberanía. Desde el Senado, nuestro voto en favor expresa una convicción que no se negocia. El dinero sucio no puede seguir financiando campañas, negocios ni estructuras de poder. El pueblo nos eligió para desmontar este régimen de corrupción, de privilegios blindados, y construir un país donde la ley alcance a todos sin excepción”.
Resaltó que “no se trata sólo de una ley técnica. Ésta es una decisión política y profundamente humanista. La de romper con las redes de complicidades que permitió que el crimen organizado lavara dinero en el sistema financiero y fideicomisos disfrazados de legalidad. En obras de arte que escondían transacciones millonarias y en operaciones que contaron durante años con la protección de sectores y privilegiados del viejo régimen”.
Lizeth Sánchez, del PT, expresó que “no se trata sólo de armonización legislativa; es la defensa de lo que más valoramos como nación. La transparencia de nuestras instituciones. La estabilidad de nuestra economía y la certeza de que México no será refugio del crimen organizado ni cómplice del dinero sucio”.
Y Waldo Fernández, del Verde, explicó que “con esta ley se reducen los vacíos legales que antes, con prácticas burocráticas internas o incluso entre diversos niveles de poder, se argumentaba que no se podía. Es vital lo que se hace hoy aquí: se terminan estos vacíos legales que sólo servían, y lo digo con toda responsabilidad, a las personas que le causan daño al país”.
Pero Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, alertó que hay redacciones que están tan generales que ponen en riesgo a los ciudadanos y los criterios se dejan a discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda, en lugar de plasmarlos en la ley.
Carolina Viggiano advirtió que no puede apoyar el dictamen, porque “esta ley forma parte de un conjunto de cinco que tienen clara intención de crear un sistema de vigilancia para el ciudadano y son las leyes General de Población; la Ley de inteligencia en seguridad pública; la de telecomunicaciones y ésta ley de lavado”.
Esta ley “se trata de vigilar todas las cuentas bancarias de los ciudadanos. Esta también forma parte del sistema de vigilancia para todas las personas, que nunca sabrán quién tiene sus datos: si las autoridades, los militares o los criminales”.
