Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Frente a un escenario económico internacional marcado por la volatilidad financiera, la incertidumbre comercial y una fuerte dependencia de los recursos federales, el Gobierno de Tamaulipas iniciará la reestructuración de una deuda bancaria por 2 mil 386 millones de pesos.
La Secretaría de Finanzas informó que el proceso contempla el refinanciamiento de dos créditos contratados con Banorte durante la pandemia, con el fin de reducir el impacto de las tasas de interés, mejorar la liquidez y fortalecer la estabilidad presupuestal del Estado.
Con base en la Ley de Ingresos 2026, el Congreso estatal facultó al Ejecutivo para renegociar estos pasivos sin incrementar el endeudamiento, buscando condiciones financieras más favorables en el mercado.
El primer crédito, contratado en noviembre de 2020 por mil 500 millones de pesos, mantiene un saldo pendiente de mil 433 millones 592 mil 848 pesos.
El segundo, firmado en septiembre de 2021 por mil 200 millones, registra un adeudo de 952 millones 620 mil 887 pesos. Ambos suman un pasivo vigente de 2 mil 386 millones 213 mil 735 pesos.
El esquema financiero contempla además la contratación de instrumentos de cobertura para proteger al Estado frente a la volatilidad de las tasas de interés, así como la posibilidad de ampliar los plazos de pago hasta por 20 años, sin comprometer un mayor porcentaje de las participaciones federales.
Dentro del análisis financiero, la Secretaría de Finanzas advierte que Tamaulipas mantiene una alta dependencia de las transferencias federales, lo que obliga a extremar precauciones ante factores externos que pueden impactar las finanzas públicas.
Entre los principales riesgos se identifican la posible revisión del T-MEC, la desaceleración económica en Estados Unidos, las tensiones geopolíticas, la volatilidad en los mercados financieros y los efectos de fenómenos climáticos extremos, todos ellos con potencial impacto en la recaudación, la actividad productiva y el costo del financiamiento.
El documento presupuestal también señala que la acelerada adopción de tecnologías basadas en inteligencia artificial podría generar cambios estructurales en el empleo y la productividad, con efectos aún inciertos en la economía estatal.
