Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diputados de Morena propusieron modificar la Ley de Seguridad Pública de Tamaulipas para obligar a policías de la Guardia Estatal a pagar por la pérdida o deterioro de equipo institucional cuando exista responsabilidad comprobada.
La iniciativa, promovida por el legislador Isidro Vargas Fernández, plantea que los elementos que incurran en malas prácticas que afecten el patrimonio público deberán responder económicamente por los daños ocasionados.
El planteamiento busca que los casos de extravío, uso indebido o daño de armas, patrullas y herramientas operativas no queden únicamente en sanciones administrativas, sino que incluyan una reparación económica obligatoria.
Como parte de la propuesta, se pretende reformar el artículo 106 de la legislación estatal para integrar de forma clara la reparación del daño como una sanción aplicable dentro del régimen disciplinario policial.
“El objetivo es establecer de manera puntual una sanción resarcitoria cuando ocurra un daño al patrimonio de la dependencia, producido por irresponsabilidad, descuido, error o dolo”, indicó el diputado.
Señaló que la ausencia de esta figura en la ley limita actualmente a las autoridades para recuperar recursos públicos, aun cuando existan afectaciones derivadas de conductas indebidas.
El morenista aseguró que este tipo de medidas ya forman parte de políticas a nivel nacional orientadas a combatir la corrupción y fortalecer la disciplina interna en las corporaciones.
“La acción de reparación del daño debe aplicarse en función del perjuicio causado, pues no se trata únicamente de sancionar la conducta, sino de restituir al Estado lo que se haya perdido”, expuso.
Destacó que establecer esta obligación generará mayor responsabilidad en los elementos al momento de utilizar bienes oficiales.
“Se pretende evitar que la pérdida de armas, equipo o bienes institucionales continúe ocurriendo sin consecuencias económicas para los responsables”, afirmó.
El documento legislativo advierte que estas irregularidades impactan directamente en la operatividad de las corporaciones y debilitan la confianza de la ciudadanía.
También precisa que la obligación de resarcir el daño no se cancela con otras sanciones, ya que el cuidado del equipo es una responsabilidad legal de cada elemento.
“Los integrantes de las instituciones de seguridad pública deben emplear el equipo con el debido cuidado y prudencia, así como preservarlo y conservarlo”, refiere el sustento legal de la iniciativa.
