Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Impedir que la delincuencia organizada decida quién puede competir por una alcaldía o una diputación local fue uno de los objetivos de una iniciativa que el Congreso de Tamaulipas rechazó y que pretendía establecer la intervención criminal como causal expresa de nulidad electoral.
El diputado del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, presentó una propuesta para reformar el artículo 20 de la Constitución estatal, con el propósito de que los tribunales pudieran invalidar una elección cuando se acreditara que las acciones de grupos delictivos afectaron de manera grave, dolosa y determinante la libertad del sufragio y el resultado de los comicios.
La iniciativa no prosperó en el Pleno por el voto negativo de la bancada de Morena, por lo que no pasó a comisiones para su estudio, discusión y eventual elaboración de un dictamen.
El planteamiento contemplaba que la intervención de organizaciones criminales no se limitara a los ataques armados o las amenazas públicas, sino que también incluyera presiones para retirar candidaturas, impedir la participación de determinados aspirantes, financiar ilegalmente campañas o condicionar la conducta de los electores.
El legislador panista sostuvo que la democracia puede verse comprometida incluso cuando una elección cumple formalmente con sus etapas, si existen condiciones de intimidación que impiden a los ciudadanos elegir libremente o a los candidatos competir en igualdad de circunstancias.
“La democracia constitucional tiene como presupuesto indispensable que el voto ciudadano pueda emitirse y contarse en condiciones de libertad, autenticidad, seguridad y ausencia de coacción”, expuso.
Bajo esa lógica, la propuesta pretendía reconocer que la influencia de la delincuencia organizada puede comenzar antes de la jornada electoral, cuando los grupos criminales buscan intervenir en la selección de candidatos o presionar a los partidos para definir quiénes participan en la contienda.
Entre las conductas que podrían configurar la causal de nulidad se encontraban la imposición o el veto de candidaturas, las amenazas contra aspirantes, el financiamiento ilícito, la coacción del electorado y las interferencias en la organización de las elecciones.
También se contemplaban actos dirigidos contra funcionarios electorales, alteraciones en el funcionamiento de casillas, interrupciones de la jornada y destrucción de documentación, así como acciones para inducir o inhibir la participación ciudadana.
NO BASTARÍA LA PRESENCIA CRIMINAL
La iniciativa establecía que la presencia de una organización delictiva en determinada región no sería suficiente para invalidar automáticamente una elección.
El proyecto planteaba que debía demostrarse una conexión entre las acciones criminales y la afectación del proceso electoral, además de acreditar que los hechos tuvieron la gravedad y el impacto necesarios para modificar sus condiciones o resultados.
“No toda violencia ocurrida durante una elección debe provocar su nulidad. Tampoco la mera presencia territorial de una organización criminal constituye por sí sola una causal de nulidad”, estableció el documento.
Para sustentar una eventual impugnación, la propuesta contemplaba la valoración conjunta de pruebas documentales, financieras, tecnológicas, audiovisuales y testimoniales.
Entre los elementos que podrían examinarse figuraban informes de seguridad, actas electorales, denuncias, carpetas de investigación, registros financieros obtenidos legalmente, fotografías, videos y testimonios de personas que hubieran presenciado actos de intimidación.
La intención era que los tribunales contaran con elementos para determinar si la intervención delictiva había afectado la libertad del voto, condicionado la competencia política o alterado de manera determinante el resultado electoral.
EXPONEN CIFRAS DE VIOLENCIA POLÍTICA
Para respaldar la propuesta, el documento incorporó cifras sobre agresiones relacionadas con el ámbito político en México.
De acuerdo con los datos citados por García Cabeza de Vaca, entre 2019 y el 30 de agosto de 2026 se registraron 3 mil 42 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros contra personas del ámbito político o gubernamental, además de hechos contra instalaciones de gobierno o partidos políticos, atribuidos a grupos de la delincuencia organizada.
En cuanto al proceso electoral de 2023-2024, la iniciativa señaló que se documentaron 130 actos de violencia contra personas candidatas o aspirantes. Entre ellos mencionó 34 asesinatos, 10 atentados, 32 amenazas tangibles, 14 ataques armados en los que sobrevivió la persona candidata pero murió alguien más y 10 secuestros.
Para Tamaulipas, el documento retomó los señalamientos formulados durante la elección de gubernatura de 2022, en la que se alegaron presuntos vínculos con grupos criminales, financiamiento ilícito, intimidación y presiones sobre el electorado.
