Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Más de 60 maestros han sido denunciados formalmente ante la Fiscalía por presuntos hechos de abuso, acoso e insultos, una situación que llevó a la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) a plantear la necesidad de reforzar la protección jurídica del magisterio y garantizar que las acusaciones sean investigadas.
El titular de la dependencia, Miguel Ángel Valdez García, señaló que los expedientes corresponden a distintos periodos y no solamente a hechos ocurridos durante la actual administración estatal.
Además, indicó que los procedimientos han tenido resultados diversos, con docentes declarados culpables y otros que han sido exonerados.
El tema cobró relevancia ante las preocupaciones expresadas por integrantes del sector educativo, particularmente en la zona sur del estado, donde maestros han manifestado inquietudes por las acusaciones que enfrentan y las consecuencias que pueden derivarse de ellas.
En ese contexto, el secretario destacó la iniciativa presentada por la diputada Blanca Anzaldúa Nájera en el Congreso de Tamaulipas, cuyo propósito es establecer mayores garantías para los profesores.
La propuesta se encuentra en la ruta legislativa para ser presentada ante el Pleno, donde los diputados deberán definir si la aprueban o la desechan.
“Entonces en Tamaulipas, gracias al trabajo legislativo de la diputada Blanca Anzaldúa, ya están más cubiertos los maestros”.
Valdez García consideró que este tipo de medidas también podrían analizarse a nivel federal, debido a que la problemática no se limita a una entidad y requiere mecanismos que permitan proteger a los docentes ante señalamientos que no necesariamente terminan en una resolución de culpabilidad.
“Recordemos que hay más de 60 en la Fiscalía por abuso, por acoso o por insultos que están corriendo, no de esta administración, tienen ya tiempo”.
El funcionario advirtió que se trata de un fenómeno que debe atenderse con cuidado para evitar que crezca, por lo que consideró indispensable mantener mecanismos de investigación que permitan distinguir entre las denuncias procedentes y aquellas en las que no se acreditan responsabilidades.
“Pues algunas se les ha encontrado culpables, en otras se les ha encontrado inocentes, pero sí es un fenómeno que lo tenemos que cuidar, porque si no nos puede escalar”.
Aclaró que la protección de los profesores no debe interpretarse como una limitación para denunciar posibles agresiones contra los estudiantes, pues la autoridad educativa tiene la obligación de intervenir cuando se encuentre en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes.
En ese sentido, también pidió que las familias y la sociedad reconozcan la labor de los docentes y participen en el fortalecimiento de la comunidad escolar.
“Proteger la integridad de los niños y de las niñas, sea responsabilidad de la autoridad educativa de los maestros, pero la comunidad también tiene que darle el apoyo moral a los maestros”.
