Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La diputada de Morena, Blanca Anzaldúa Nájera, consideró necesario aplicar medidas disciplinarias contra quienes resulten responsables de las amenazas de un supuesto ataque armado en la Escuela Secundaria General Número 7 de Ciudad Victoria, luego de que apareciera un mensaje en los baños del plantel advirtiendo sobre una balacera durante el concurso de calaveras.
La legisladora señaló que este tipo de situaciones deben atenderse con seriedad por parte de las autoridades escolares y los padres de familia, a fin de evitar riesgos para la comunidad estudiantil.
“Yo creo que ahí la escuela también, si se da con el responsable, tiene que tomar medidas”, expresó.
Sin embargo, advirtió que uno de los principales obstáculos para aplicar sanciones es la reacción de algunos padres de familia, quienes suelen defender a sus hijos cuando las instituciones educativas determinan suspensiones u otras medidas disciplinarias.
“Cuando la escuela toma decisiones difíciles, vemos a los padres de familia diciendo que es una injusticia, que sus hijos son muy buenos, que él no fue, que fue otro”, manifestó.
Anzaldúa Nájera sostuvo que es necesario recuperar el respeto a la autoridad de los docentes y fortalecer la responsabilidad de las familias en la formación de los estudiantes, principalmente ante situaciones relacionadas con amenazas, violencia y acoso escolar.
Indicó que actualmente los maestros enfrentan mayores dificultades para mantener la disciplina, debido a que también son objeto de amenazas dentro y fuera de las instituciones educativas.
Asimismo, recordó que el Congreso del Estado aprobó una iniciativa relacionada con la prevención del bullying, misma que fue entregada a la Secretaría de Educación de Tamaulipas para trabajar en su implementación como política pública.
La diputada destacó que también es importante fortalecer las escuelas para padres y la participación de las familias en la vigilancia de los planteles, particularmente durante los horarios de entrada y salida.
Finalmente, insistió en que la prevención de la violencia escolar requiere coordinación entre autoridades educativas, docentes, padres de familia y sociedad, para garantizar espacios seguros para niñas, niños y adolescentes.
