Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A pesar de que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas registra avances en los peritajes que relacionan la bala que mató a Aranza con un arma larga calibre 7.62 de la Guardia Estatal, los cuatro policías que participaron en el operativo de Matamoros continúan sin ser detenidos y permanecen en activo.
El fiscal general, Eduardo Govea Orozco, informó que los estudios balísticos están muy avanzados y permiten establecer una correlación entre el proyectil recuperado y el arma de fuego que habría sido utilizada durante los hechos en los que murió la niña de siete años.
De acuerdo con su explicación, en el helicóptero que participó en el operativo viajaban cuatro elementos: un piloto encargado de tripular la aeronave y tres policías que llevaban armas largas y cortas como parte de su equipo reglamentario.
Dentro del armamento se encuentra un fusil calibre 7.62 que concentra el interés de los investigadores por su posible relación con el disparo mortal.
No obstante, aunque los cuatro elementos están plenamente identificados, la investigación todavía no deriva en órdenes de aprehensión ni detenciones.
El funcionario explicó que la Secretaría de Seguridad Pública lleva un procedimiento interno mediante el área de Asuntos Internos, mientras que la Fiscalía continúa integrando los elementos necesarios para proceder penalmente.
«Nosotros estamos persiguiendo lo pertinente para obtener los mandamientos judiciales concernientes al ejercicio de la acción penal», declaró.
La falta de detenciones también abrió cuestionamientos sobre las condiciones en las que continúan trabajando los policías involucrados, así como sobre el tiempo que podría tomar la autoridad para solicitar los mandamientos judiciales.
Govea Orozco señaló que las decisiones dependerán de la conclusión de las diligencias y de los elementos que permitan sustentar las acciones ante las instancias judiciales, sin adelantar una fecha para que esto ocurra.
Además de esclarecer quién accionó el arma, la Fiscalía deberá analizar la cadena de decisiones que permitió el desarrollo del operativo, para determinar si existen responsabilidades entre los mandos que participaron en su planeación y ejecución.
Entre los aspectos que deberán revisarse están las instrucciones relacionadas con el sobrevuelo y las condiciones en las que se permitió el uso de armas de fuego durante la intervención.
El fiscal reconoció la pertinencia de estos cuestionamientos, aunque evitó anticipar si algún mando podría enfrentar consecuencias por los hechos.
En otro momento, rechazó que la muerte de Aranza sea considerada un daño colateral, al señalar que esa expresión no corresponde a la responsabilidad que tiene la institución de investigar lo sucedido.
«Hablar de daño colateral es un término que no aplica en lo que a nuestra responsabilidad concierne», sostuvo.
La falta de información también ha sido señalada por Claudia, madre de la menor, quien asegura que hasta ahora no conoce quién disparó, las circunstancias precisas en las que ocurrió la agresión ni qué medidas se han tomado contra los policías que participaron en el operativo.
Al respecto, Govea Orozco reconoció que los reclamos de la madre son legítimos y afirmó que hubo comunicación con ella durante los primeros momentos de las investigaciones.
