Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abiertas las investigaciones por la privación ilegal de la libertad del alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien fue interceptado por hombres armados junto con sus acompañantes cuando viajaba hacia Real de Catorce, San Luis Potosí, el pasado sábado.
El fiscal general de Justicia, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que, de acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron al presidente municipal, mientras que su esposa y otros acompañantes fueron privados de la libertad de manera simultánea y trasladados en otro vehículo.
Explicó que, según las declaraciones preliminares de la esposa del edil, los hechos ocurrieron en territorio de San Luis Potosí, aunque existen indicios de que los responsables trasladaron al alcalde y a otra persona hacia el estado de Zacatecas, por lo que las fiscalías de ambas entidades trabajan de manera coordinada con las autoridades tamaulipecas y federales.
Respecto a las versiones de que Miguel Ángel Almaraz habría logrado escapar de sus captores y caminar aproximadamente 80 kilómetros para ponerse a salvo, el fiscal aclaró que todavía no existe una versión oficial, debido a que el presidente municipal no ha rendido su declaración formal ante las autoridades.
“Esto es algo que está en vías de esclarecerse. El alcalde no ha dado una declaración formal ante autoridades”, puntualizó Govea Orozco, quien añadió que hasta el momento no se tiene plenamente identificado al grupo delictivo responsable, por lo que sería prematuro atribuir los hechos a alguna organización criminal.
El titular de la Fiscalía destacó que las investigaciones se encuentran avanzadas y que se cuenta con información relevante para esclarecer lo sucedido. Asimismo, señaló que el alcalde regresó a su domicilio en Río Bravo la noche del domingo, mediante un traslado coordinado entre autoridades estatales y federales.
Finalmente, Govea Orozco indicó que las diligencias continuarán durante los próximos días y que, en caso de requerirse un reforzamiento de la seguridad del presidente municipal, se podrá realizar el procedimiento correspondiente mediante una solicitud formal.
