Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Carlos Alberto García González, exsecretario de Desarrollo Económico durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, responsabilizó al exmandatario panista de las decisiones relacionadas con contrataciones por las que actualmente enfrenta tres causas penales.
La información, publicada por Proceso a partir de fuentes judiciales, documenta tres expedientes por presuntas irregularidades en contratos celebrados entre 2019 y 2020, cuyo monto conjunto asciende a 11 millones 612 mil 941 pesos.
En una entrevista concedida el 23 de octubre a la periodista Rosy Pereda, del programa Informativo W, García González afirmó que las operaciones cuestionadas se realizaron por instrucciones de la oficina del entonces gobernador. El exfuncionario sostuvo que su dependencia solicitaba los servicios, pero no tenía facultades para elegir proveedores, adjudicar contratos ni autorizar pagos.
“Los hechos que se me imputan en mi actuación como secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas, pues en aquel tiempo fueron ejecutados por instrucciones de la oficina del entonces Ejecutivo Estatal, en particular del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca”, declaró.
El exsecretario insistió en que las investigaciones deben esclarecer quién ordenó las contrataciones, quién las autorizó y quién ejecutó los pagos. Sin embargo, sus señalamientos corresponden a su versión de los hechos y no constituyen una determinación judicial sobre la responsabilidad de Cabeza de Vaca.
Tres expedientes bajo investigación
De acuerdo con la información de Proceso, una de las causas está relacionada con un contrato de servicios profesionales por 3 millones 250 mil pesos, firmado el 16 de julio de 2019. En este caso también aparece Miguel Ángel Villarreal Ongay, entonces secretario de Administración.
El 20 de octubre de 2025, García González fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como desempeño de funciones judiciales o administrativas. Entre las medidas cautelares se establecieron la prohibición de salir del país y restricciones de acercamiento a Ninfa Cantú Deándar, quien presentó la denuncia cuando encabezaba la Secretaría de Desarrollo Económico.
El exfuncionario impugnó la resolución, pero, según la información judicial citada por el medio, el recurso permanecía pendiente al 23 de octubre de 2026.
El segundo expediente corresponde a un pago anticipado de 4 millones 998 mil 941 pesos por servicios para la Feria Estatal Tamaulipas, Región Sur 2020. La acusación señala que el desembolso se realizó el 4 de marzo de 2020, antes de la prestación de los servicios y sin cumplir las condiciones contractuales.
Aunque la investigación se abrió en 2023, la audiencia inicial continuaba pendiente. El expediente señala que desde noviembre de ese año se solicitó al Ministerio Público proporcionar los domicilios de los imputados, requerimiento que, según la información consultada por Proceso, seguía sin atenderse al 23 de octubre de 2026.
La tercera causa está relacionada con la adjudicación directa de servicios de promotoría, gestoría y representación gubernamental para un proyecto turístico, comercial y de esparcimiento en Reynosa.
Según la acusación, en diciembre de 2020 se autorizó una contratación directa por hasta 3 millones 438 mil 240 pesos, pese a que las disposiciones estatales exigían invitar al menos a tres participantes. Finalmente, el contrato se celebró con Santos-Elizondo, S.C., por 3 millones 364 mil pesos.
Por este expediente, García González también fue vinculado a proceso el 20 de octubre de 2025. Se le impuso una garantía económica de 200 mil pesos, medida que posteriormente impugnó mediante un amparo relacionado con su fundamentación y motivación, no con una resolución sobre su responsabilidad penal.
Audiencia prevista para el 30 de octubre
La información publicada por Proceso señala que para el viernes 30 de octubre está programada una audiencia intermedia o de procedimiento abreviado correspondiente a este último expediente, ante el juez Juan Artemio Haro Morales.
El caso se suma a los señalamientos que en septiembre realizó Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud de Tamaulipas, quien también atribuyó al exgobernador instrucciones relacionadas con adjudicaciones investigadas durante su administración.
Las declaraciones de ambos excolaboradores ponen bajo escrutinio la cadena de decisiones en las contrataciones del gobierno de Cabeza de Vaca. No obstante, las acusaciones deberán ser acreditadas en los procedimientos correspondientes.
Hasta la información reportada, García González enfrenta dos vinculaciones a proceso y una tercera causa que permanece sin audiencia inicial. Las vinculaciones a proceso no equivalen a una sentencia condenatoria, y los señalamientos contra el exgobernador no deben interpretarse como una determinación judicial de culpabilidad.
