Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se sumó al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para investigar a fondo los antecedentes de las empresas proveedoras de organismos electorales y esclarecer las relaciones empresariales, políticas e institucionales que habrían permitido su permanencia durante décadas en el mercado de contrataciones públicas.
El mandatario estatal respaldó la presentación de documentos y pruebas realizada por la titular del Ejecutivo federal sobre la red de proveedores señalada en las contrataciones electorales y consideró que el caso debe revisarse desde sus orígenes, sin limitar el análisis a los gobiernos recientes.
En su pronunciamiento, destacó que las compañías involucradas tienen antecedentes que se remontan a varias décadas y que resulta necesario conocer cómo construyeron sus relaciones con servidores públicos y qué decisiones permitieron que continuaran obteniendo contratos de instituciones electorales.
La investigación presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ubica entre sus protagonistas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, cuyos antecedentes se relacionan con su paso por la Secretaría de Gobernación durante los años ochenta y posteriormente por el CISEN.
A partir de esa trayectoria también se mencionan conexiones con Juan Carlos Padilla Aguilar, quien aparece como un punto de enlace entre el entorno empresarial y determinadas estructuras políticas, entre ellas el Frente Cívico Nacional y el proyecto partidista SOMOS.
En el ámbito electoral, el posicionamiento hace referencia a personajes como Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo y Lorenzo Córdova, cuya participación institucional debe distinguirse de las relaciones empresariales y políticas señaladas en el caso.
Para Villarreal Anaya, el objetivo de la revisión debe ser determinar si existieron conflictos de interés, intervenciones indebidas u omisiones que facilitaran la concentración de contratos en determinados proveedores.
El gobernador también consideró necesario analizar la trayectoria de Guadalupe Taddei, presidenta del INE, ante los señalamientos políticos que han surgido alrededor de su llegada al organismo.
Recordó que Taddei fue designada en 2014 como presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del entonces INE, encabezado por Lorenzo Córdova, mientras que en 2023 llegó a la presidencia nacional mediante insaculación, luego de que los diputados no alcanzaran la mayoría necesaria para elegirla.
Con estos antecedentes, sostuvo que no debe reducirse su trayectoria a una supuesta relación política con Morena, aunque reconoció que ninguna persona debe quedar fuera del escrutinio de las autoridades si existen elementos que ameriten una investigación.
El pronunciamiento también respalda la apertura de los procedimientos de contratación y la revisión de las cláusulas que pudieran restringir la participación de empresas interesadas en prestar servicios a los organismos electorales.
En el ámbito estatal, Villarreal Anaya extendió el llamado a las instituciones electorales de Tamaulipas para que transparenten la información relacionada con sus adquisiciones y contrataciones.
La exigencia incluye hacer públicos los nombres de proveedores, montos, mecanismos de adjudicación y criterios utilizados para seleccionar a las empresas, con pleno respeto a la autonomía de los organismos.
El gobernador sostuvo que la independencia institucional debe acompañarse de mecanismos de rendición de cuentas, particularmente ante la proximidad del proceso electoral de 2027.
