Ciudad de México.- Las 50 organizaciones que conforman el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral advirtieron sobre cuatro riesgos rumbo al 2 de junio.
Arturo Espinosa, de Laboratorio Electoral, señaló que los focos rojos son las precampañas que fueron una simulación, ya que las candidaturas se definieron mucho antes. También, que las autoridades electorales enfrentan crisis internas que minan su legitimidad.
Además, los partidos dispuestos a pagar sanciones con tal de violar la ley y la violencia que pone en riesgo a los actores políticos.
Mariana Mota, de Más Ciudadanía, detalló que en el actual proceso se han registrado 574 incidentes a nivel municipal, lo que confirma que la violencia es una de las más importantes amenazas a la integridad electoral. “Nos confirma que el crimen organizado está más cerca de las urnas”, advirtió.
Riesgos
Éstos son los cuatro focos rojos sobre los cuales advirtió el ANIE en su segundo informe:
– Precampañas simuladas, porque las candidaturas se definieron antes.
– Crisis internas en el TEPJF y el INE que ponen en jaque su credibilidad.
– Partidos que prefieren pagar sanciones económicas que dejar de violar la ley.
Encienden 4 focos rojos en comicios
El Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral alerta sobre la violencia en los procesos y llama a las autoridades electorales a ser más exigentes.
Luego de considerar que el crimen organizado está más cerca de las urnas y de ganar los comicios, y que las autoridades electorales deberían ser más exigentes para aplicar la justicia electoral, las cincuenta organizaciones que conforman el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE) hablaron de cuatro focos rojos que han observado durante el actual proceso electoral, en su Segundo Informe de Integridad del Proceso Electoral 2024.
Arturo Espinosa, de la organización Laboratorio Electoral, enumeró los focos rojos mencionando: en primer lugar, que las precampañas fueron una simulación, ya que las candidaturas se definieron mucho antes; segundo, que las autoridades electorales —Tribunal Electoral e INE— enfrentan crisis internas que minan su legitimidad; tercero, que los partidos están dispuestos a pagar sanciones monetarias con tal de violar la ley, y, cuarto, que se han presentado diversos tipos de violencia que ponen en riesgo a actores políticos y el ejercicio de los derechos político electorales.
Mariana Mota, de la organización Más Ciudadanía, refiriéndose al último foco rojo, comentó que se han registrado 574 incidentes a nivel municipal, lo que confirma que la violencia es una de las más importantes amenazas a la integridad electoral y, cada día, es más alarmante su crecimiento, porque, a diario, ¨nos confirma que el crimen organizado está más cerca de las urnas y más cerca de la definición de ganar los comicios”.
Alberto Espinosa, representante de la Coparmex, recomendó que los partidos respeten las leyes electorales; que eviten la simulación para garantizar la equidad en la contienda; cooperación para detectar y mitigar la violencia, tanto en general como en contra de las mujeres; respeto a la neutralidad por parte de los servidores públicos; cooperación de los niveles de gobierno para garantizar un proceso logístico de organización electoral con condiciones de seguridad; dotar de presupuestos suficientes a los Ople; priorizar los nombramientos faltantes para los tribunales electorales, y que las autoridades electorales “sean más exigentes con relación al respeto a la justicia electoral frente a los actores políticos que incluyen, pero no se limitan, al Presidente de la República, que han desacatado las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas del INE o las resoluciones del Tribunal Electoral”.
Acuerdo, al olvido
Luis Fernández, secretario técnico del acuerdo, lamentó que no se ha podido reunir con la nueva presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, y agregó que la han invitado a reuniones de la ANIE, incluidas las presentaciones de los informes, y ni siquiera ha contestado las invitaciones.
Lo mismo dijo de Guadalupe Taddei, presidenta del INE, recordando que ambas funcionarias firmaron su adhesión al acuerdo, el año pasado, para apoyar este esfuerzo de la sociedad civil para vigilar la integridad del proceso electoral.
“Nos dejan con una responsabilidad mayor, no soltar la vigilancia que generamos para el proceso electoral, aumentar la vigilancia, incluso hacia las autoridades electorales, hacia los actores políticos, sobre todo en las actividades que llevan a cabo”, indicó.
