Ciudad Victoria, Tamaulipas.- De un antecedente de más de 17 mil millones de pesos observados al inicio del sexenio, el Gobierno de Tamaulipas pasó a reportar cero montos observados en las cuentas públicas entregadas durante la actual administración, de acuerdo con cifras de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la dependencia, atribuyó este resultado a la implementación de mecanismos de prevención, vigilancia y corrección en las distintas áreas del Poder Ejecutivo, con los que buscan evitar prácticas irregulares en el manejo del presupuesto estatal y federal.
La funcionaria sostuvo que el cambio representa una diferencia frente al historial de las administraciones anteriores, cuando las revisiones de las cuentas públicas registraban observaciones superiores a los mil millones de pesos.
Explicó que los resultados actuales se han reflejado en los procesos de fiscalización realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como por las instancias de anticorrupción federal y estatal, en los que la administración reporta cero montos observados.
El modelo de vigilancia, indicó, busca que las dependencias no esperen a que las auditorías detecten irregularidades, sino que establezcan controles internos para anticiparse a posibles desviaciones y corregirlas oportunamente.
Uno de los rubros en los que se amplió la supervisión es la obra pública. La secretaria detalló que durante 2022 se realizaban 38 auditorías a obras, mientras que para 2025 aumentaron a 70 revisiones de diferente tipo.
El incremento, explicó, responde a la necesidad de fortalecer la vigilancia sobre los recursos destinados a infraestructura y verificar que su aplicación se ajuste a las disposiciones legales.
La rendición de cuentas también muestra avances en el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Según los datos presentados por Pedraza Melo, al inicio del sexenio únicamente el 34 por ciento de los funcionarios cumplía con esta obligación, mientras que actualmente el porcentaje llegó al 95.87 por ciento.
En cuanto a las obligaciones de transparencia de las secretarías del Poder Ejecutivo, el cumplimiento pasó de 74 a 98 por ciento, lo que representa un incremento en la disponibilidad de información pública para los ciudadanos.
La titular de Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que estos indicadores forman parte de una estrategia para fortalecer los controles institucionales y reducir los espacios en los que pudieran presentarse actuaciones fuera de la normativa.
La intención, señaló, es garantizar que los recursos públicos se ejerzan de manera adecuada y que cada dependencia pueda justificar legalmente el destino del presupuesto que tiene asignado.
