Ciudad de México.- Luego del asesinato de Edmundo Román Pinzón, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, la Secretaría de Seguridad estatal activó el código rojo en Acapulco para ubicar a los sicarios.
El magistrado fue asesinado al salir de los juzgados ubicados en Caleta. Hombres armados lo interceptaron cuando manejaba su vehículo y le dispararon al menos diez veces a corta distancia.
El código rojo implica patrullajes intensivos, filtros y videovigilancia para detener a los asesinos. Estos operativos son en coordinación con el Ejército, GN y Marina. La Secretaría de Seguridad federal apoyará la indagatoria.
El crimen ocurrió un día después de reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la presencia de los 31 gobernadores, la Jefa de Gobierno, el gabinete de Seguridad y la Presidenta.
MATAN A MAGISTRADO AL SALIR DE JUZGADOS EN ACAPULCO
Edmundo Román Pinzón, magistrado y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero fue asesinado ayer, cuando salía a bordo de su vehículo de los juzgados de Caleta, en el puerto de Acapulco.
Hombres armados lo interceptaron al salir del estacionamiento del edificio de los juzgados, aproximadamente a las 16:00 horas.
De acuerdo con testigos, los sicarios ya lo estaban esperando y al ver que salía a bordo de su vehículo se acercaron para dispararle a una corta distancia.
El automóvil con el cuerpo del magistrado quedó atravesado en la calle Gran Vía Tropical del Fraccionamiento Las Playas, a donde llegaron peritos y agentes de seguridad que acordonaron la zona.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, apoyará en las investigaciones relacionadas con el asesinato de Edmundo Román Pinzón.
En una tarjeta informativa, indicó que se mantiene en contacto con las autoridades de la entidad, para colaborar en el esclarecimiento del homicidio.
En relación con el homicidio de una persona en el Fraccionamiento Las Playas, en Acapulco, Guerrero, la SSPC informa que mantiene comunicación con las autoridades locales para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos.
“l tener conocimiento sobre dicho evento, personal de la SSPC se comunicó de inmediato con la Fiscalía General de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad para colaborar en el desarrollo de las investigaciones”, indicó.
La dependencia agregó que cuenta con agentes especializados en inteligencia e investigación de campo, con la misión de apoyar a las entidades en la identificación, localización y seguimiento de generadores de violencia.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, condenó el homicidio. “Este acto lamentable enluta a Guerrero y exige justicia inmediata”, aseveró.
Reiteró su compromiso de seguir trabajando en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para avanzar en la pacificación de Guerrero.
El asesinato del magistrado ocurrió un día después de que en Acapulco se llevó a cabo la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
AUMENTA 20% NÚMERO DE JUECES CON SEGURIDAD
Debido a que ejercen sus funciones bajo un entorno de riesgo, 65 de los mil 494 juzgadores federales tienen asignada alguna medida de seguridad, desde asesoría personalizada hasta uso temporal de vehículos blindados y acompañamiento de escoltas.
Esta cifra es 20% mayor a la reportada en 2023, cuando 54 magistrados, jueces, secretarios, defensores de oficio y otros funcionarios judiciales tuvieron asignadas medidas de seguridad.
De acuerdo con el Informe de Labores 2024 del Poder Judicial de la Federación, en el último año la Coordinación de Seguridad del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) elaboró 25 opiniones técnicas y 122 evaluaciones para determinar acciones encaminadas a garantizar la seguridad, protección e independencia de estos servidores públicos.
Además de los 65 juzgadores con protección, se realizaron mil 527 acompañamientos de escoltas a jueces y otros funcionarios judiciales hacia demarcaciones con altos registros de inseguridad. Asimismo, 209 rondines en el domicilio de juzgadores en casos de riesgo vinculados al ejercicio de las funciones.
Para juzgadores adscritos a la materia laboral federal se requirieron 20 acompañamientos para la realización de diligencias en lugares distintos a sus salas de audiencia.
En diez casos se apoyó con protección en el traslado a titulares de Juzgados de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio que celebraron alguna diligencia en lugar distinto al de la sala de audiencia de su adscripción.
En el apartado denominado Supervisión, Vigilancia y Protección, el documento agrega que se realizaron 19 acompañamientos a servidores públicos para efectuar denuncias, cuando ellos o sus familias fueron víctimas de delitos.
Incluso, se reportan 75 mil 628 acciones preventivas contra llamadas de extorsión recibidas por parte del personal judicial.
El Consejo ha asumido con responsabilidad y diligencia la seguridad de juzgadoras y juzgadores, del personal judicial, de las instalaciones y bienes de los órganos jurisdiccionales, pues es esencial para que la función jurisdiccional se ejerza en completa independencia y sin presiones externas”, se indica.
En coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, se requirieron 472 refuerzos de seguridad para preservar la realización de audiencias de alta peligrosidad en los Centros de Justicia Penal Federal del país.
Además de procurar una “comunicación directa y permanente con personas juzgadoras en materia de seguridad y riesgos”, se registraron 107 acompañamientos a servidores públicos superiores durante sus visitas a inmuebles del CJF.
También se reportaron seis mil 508 acciones de coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para fortalecer la seguridad en los inmuebles administrados por la Judicatura.
NIEGAN AMENAZAS A JUZGADORES
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que hubiera amenazas en contra de integrantes del Poder Judicial.
Es falso que haya habido amenazas desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora”, respondió.
En su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo negó que hubo tales amenazas tanto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, como por ella misma en actual administración presidencial.
En cuanto al recorte al Poder Judicial para el presupuesto del 2025, por 14 mil millones de pesos, la Presidenta reiteró que no se va a afectar ningún derecho laboral de las y los trabajadores. “Van a ser respetados todos sus derechos laborales”, sostuvo.
