¿Han oído hablar de lo que está pasando en Altamira? Pues resulta que la abogada altamirense Gabriela Ibarra Lozano está en medio de un gran lío con el gobierno municipal que encabeza el alcalde Armando Martínez Manríquez, por cierto un alcalde de CUARTA. Todo empezó con una denuncia contra este mismo… Pero antes de que empiecen a pensar que es solo un pleito más, les cuento que esto tiene más vuelta de la que uno pensaría.
Gabriela publicó en sus redes sociales que la demanda sigue su curso, está registrada en la Unidad de Atención Inmediata de Altamira (en el expediente RAC.917/2024), y ya se hicieron investigaciones. Se han presentado pruebas y, según ella, ya se le enviaron tres oficios al alcalde y otros dos funcionarios para que respondan sobre lo que pasó, perooooo ¿qué creen? No les han hecho ni caso.
Todo esto comenzó en diciembre de 2023, cuando el gobierno de Altamira le quitó parte de su terreno a uno de los clientes de Gabriela para hacer un camino ejidal. ¿Y cómo lo hicieron? Pues sin su consentimiento, cortaron árboles de más de 50 años, ¡ah! Hacer este tipo de cosas sin consentimiento es un delito federal, según los artículos 189 y 190 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente…. Continuemos, le destruyeron la cerca y, para rematar, dejaron la parcela hecha un basurero, con todo el material que usaron para hacer el camino.
Pero eso no es todo. Además, el terreno quedó convertido en un lugar de paso, y con la gente transitando por ahí, la paz y tranquilidad del dueño de la parcela se fueron por el caño.
Ibarra intentó llegar a un acuerdo con el alcalde en 2024, pidiéndole diálogo y solución. Incluso, le dieron audiencia en una Mañanera, perooooo el alcalde no se presentó. Y el secretario del Ayuntamiento, ni qué decir, no ofreció ninguna respuesta positiva. O sea, fue como si les estuviera dando largas a todo el asunto.
En octubre de 2024, se interpuso la denuncia por despojo de bienes y otros posibles delitos, pero a pesar de que ya se han hecho los trámites y se han solicitado respuestas, el gobierno municipal sigue haciendo oídos sordos. Es por eso que Gabriela, muy molesta y cansada de que no haya respuesta, decidió llevar el asunto a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Al final, Gabriela dejó claro en sus redes que ella sigue confiando en la justicia y en el gobernador, -mmmmmm- quien ha dicho que se confíe en su gobierno que lleva muy en alto su lema “No robar, no mentir y no traicionar”; Y bueno, no le falta razón: hay que confiar en las instituciones, pero también hay que exigir que hagan su trabajo. Porque esto no es solo una pelea de un ciudadano contra un funcionario cualquiera. Esto es una muestra de que, cuando el poder se siente por encima de la ley, los más afectados somos los ciudadanos comunes.
Lo único que queda por ver es qué va a pasar ahora. Si el gobierno de Tamaulipas va a cumplir con lo prometido o si, como suele pasar, todo quedará en palabras vacías…
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