El desfalco en la Secretaría de Salud de Tamaulipas durante los años 2017 y 2018 es más que un escándalo de números: es un golpe directo a la ciudadanía. 343 millones 966 mil pesos desaparecieron de contratos inflados, licitaciones simuladas, facturas sin sustento y pagos realizados sin documento alguno. Todo planeado, todo calculado, todo en beneficio de unos cuantos mientras la gente esperaba medicinas y atención médica que nunca llegaron.
Los señalados son nombres que deberían dar confianza, pero que ahora son sinónimo de impunidad: el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la exsecretaria de Salud Gloria de Jesús Molina Gamboa, el exdirector de Compras Román Castillo Airola, y exsubsecretarios de Planeación y Administración, Horacio García Rojas Guerra y Alejandro Aguilar Poegner. A ellos se suman los empresarios ligados a Permart y Joser, y los hermanos Carmona Angulo, quienes fueron piezas clave en la triangulación de recursos y en el drenaje millonario.
Los documentos y denuncias dejan claro cómo funcionaba el esquema: contratos nunca firmados pero pagos realizados, licitaciones donde el ganador ya estaba definido y empresas que aparecían como fantasmas para recibir millones. Una factura por 4 millones de pesos pagada sin contrato; otro contrato de 13.6 millones otorgado a Joser cuando la concursante original era Permart; y operaciones que, por sí solas, representan más de 60 millones de pesos de daño. Todo un patrón de corrupción que permitió drenar 221 millones de recursos estatales y 122 millones federales.
Pero detrás de los números hay consecuencias reales, tal es el caso de los hospitales que no tienen insumos, programas de salud paralizados, pacientes que no reciben la atención que merecen. Cada peso robado es un medicamento que no llegó, una cirugía que se retrasó, una familia que paga con salud la ambición de unos cuantos.
Este caso debería ser un parteaguas. La corrupción aquí no es un accidente ni un malentendido, es un crimen sistemático que pone en riesgo la vida de las personas. La sociedad tamaulipeca merece respuestas claras y justicia real; sin eso, los saqueadores seguirán considerando la salud pública como su botín personal.
No hablamos de errores administrativos ni de despistes contables. Hablamos de un saqueo planeado, deliberado, con nombres y apellidos. Y mientras la política siga protegiendo a los poderosos en lugar de a la ciudadanía, cada hospital vacío y cada medicamento que no llega será un recordatorio de que la impunidad sigue vigente…
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