La Auditoría Superior de la Federación (ASF) acaba de sacar a la luz un buen lío en el municipio de Altamira, Tamaulipas, relacionado con el manejo de recursos públicos en 2022. Según lo que encontró la ASF, la administración municipal se fue por la vía fácil y adjudicó contratos sin seguir los pasos que marca la ley. Y eso podría traerles problemas serios, como sanciones o hasta responsabilidades legales.
La cantidad de dinero en juego no es pequeña: 7 millones 750 mil 200 pesos. Ese dinero era parte de las Participaciones Federales a Municipios, que se supone que deben destinarse a adquisiciones y servicios para el buen funcionamiento del municipio. Pero, según la ASF, la cosa no se hizo como debía. Uno de los contratos más cuestionados fue uno por 4.7 millones de pesos para la compra de alimentos y otros productos destinados a los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento. El problema es que este contrato se dio de manera directa, sin cumplir con los procedimientos legales, como si fuera una compra cualquiera, cuando en realidad debía haber sido por licitación pública.
Pero eso no es todo. La auditoría también encontró pagos bastante raros, como 116 mil pesos por unos lentes, 1.8 millones por el mantenimiento de un edificio sindical y más de un millón de pesos por la devolución del ISR de octubre de 2021. Lo curioso es que no se presentó toda la documentación necesaria para justificar estos pagos, lo que deja mucho que desear sobre si el dinero realmente se usó para lo que se dijo.
Y por si fuera poco, resulta que no todo lo que se compró eran productos perecederos ni alimenticios, como se había dicho, sino artículos de limpieza. Esto es una violación clara a la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública de Tamaulipas.
¿Y ahora qué? Pues la ASF ya hizo lo suyo: promovió una Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y mandó un Pliego de Observaciones, pidiéndoles a las autoridades de Altamira que aclaren todo lo que hicieron con esos recursos. Tienen un plazo para responder. Si no lo hacen, las consecuencias pueden ser aún peores: sanciones y hasta procedimientos legales.
Este escándalo en Altamira no es un caso aislado. Forma parte de una auditoría más grande que está revisando más de 280 municipios y alcaldías en todo el país, todo con el objetivo de asegurarse de que el dinero público se use bien. Y es que, al final, no se trata solo de cumplir con la ley, sino de garantizar que los recursos se usen para lo que realmente importa: mejorar la vida de la gente.
